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19/05/2014

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La cláusula suelo en los préstamos hipotecarios

Los acontecimientos y sucesos históricos, contribuyen a que una mayor parte de la población aprenda. La crisis del Prestige, enseño a muchos el significado de la palabra chapapote, la creciente inmigración ilegal, puso de nuevo en circulación el término cayuco, y más recientemente la crisis financiera y económica, ha situado en el HIT de sus mejores éxitos, el SWAP, las preferentes y ahora la famosa clausula SUELO. (Consuela comprobar que al menos esta última tiene un origen etimológico fácilmente comprensible, para aquellos que no son pródigos en lenguas extranjeras).

Según datos del Banco de España, el 97% de los préstamos hipotecarios concedidos en nuestro país en los últimos años son a tipo variable, y, de ellos, un tercio aproximadamente, contiene la famosa cláusula SUELO. Y es que en plena euforia inmobiliaria, pocos atisbaban la posibilidad de que el Euribor pudiera caer hasta rozar la nota más baja que uno puede obtener en el colegio. ¿Quien se iba a preocupar de lo que suponía la inclusión de dicha clausula en su crédito hipotecario?
Ahora bien, ¿Que ocurre cuando la citada clausula, impide al prestatario beneficiarse de los descensos del índice de referencia pactado (Euribor) a un año? Pues sencillamente que, cuando se comienza a examinar todas aquellas cuestiones, términos o párrafos enteros que ni si quieran fueron advertidos en su día, salen a relucir las preguntas lógicas, que no en vano debieron haber salido a flote con carácter previo a la suscripción del préstamo, y que no hacen sino poner de manifiesto que los intervinientes en el mismo no acudieron igual de informados a la celebración del contrato.
«La existencia de asimetrías informativas entre las dos partes que concurren en los mercados de servicios financieros es un fenómeno común que, unido a la contraposición lógica y legítima de sus intereses, puede generar importantes desajustes en el funcionamiento de estos mercados». (Señala el preámbulo de la Orden EHA/1608/2010, de 14 de junio).
Trasladada ahora la cuestión a los juzgados y tribunales, apremia la necesidad de que exista un criterio uniforme y razonable, para abordar al menos una mayoría de los supuestos.

Pues bien, la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, ha confirmado la validez general de esta cláusula, consagrada normativamente en nuestro Ordenamiento Jurídico desde hace años, a través de la derogada Orden de 5 de mayo de 1994, la vigente Orden Ministerial de transparencia (Orden EHA/2899/2011) o la reciente Directiva 2014/17/UE, sobre los contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. No obstante, nuestro más alto Tribunal sujeta esta cláusula al cumplimiento de unos exigentes requisitos de transparencia, amparados, en último término, en la Directiva 93/13/CEE y en la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De modo que actualmente podemos encontrarnos con las dispares resoluciones de la llamada jurisprudencia menor, que partiendo de la citada sentencia de TS 9/05/2013, aprecian la nulidad por abusiva de la cláusula suelo, con restitución de cantidades; o estiman la nulidad de la misma, pero sólo condenan a la retirada de la cláusula en cuestión; y finalmente hay incluso, quien confirma la validez de la misma, sin entrar en más detalles.
En contextos de crisis, como el que hemos sufrido (me gusta pensar en ella como algo pasado) no pueden admitirse aseveraciones tales como que "Cada uno elige el riesgo que asume", y aun menos cuando se trata de  proteger a determinadas personas, más vulnerables, y que por ello no suelen conocer los riesgos de sus inversiones, o las obligaciones que asumen, cuando deciden, o se ven abocados, a pedir dinero prestado al banco.
No digo que el estudio de los datos y circunstancias particulares, de cuya adecuada ponderación debería resultar una concordancia de los intereses individuales y de los colectivos, sea fácil, pero si considero necesaria la unificación de doctrina en ámbitos tan relevantes, cuantitativa y cualitativamente, como el de la “clausulita” que nos ocupa, por el bien de todos.

Verónica Ramón Díaz.
Abogada, GRUPO SOUTHWAY

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